| Tras
conocerse la resolución del juez federal de Dolores,
Alejo Ramos Padilla, en la que dictó el procesamiento
y embargo del periodista Daniel Santoro por los presuntos
delitos de coacción y tentativa de extorsión,
la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas
(Adepa) expresa su preocupación por el mismo, y confía
en que, en los pasos siguientes, prime la sana doctrina
que consagra a la libertad de prensa como institución
indispensable para el funcionamiento del sistema democrático
y republicano de gobierno.
Adepa
ha reiterado desde sus orígenes que el oficio de
periodista no otorga privilegios ni indemnidades a la
hora de rendir cuentas ante la Justicia. Pero al mismo
tiempo, siempre ha dejado claro que la labor periodística
y el acceso a la información sí deben ser
protegidos -como lo hace de manera estratégica
nuestra Constitución Nacional- para favorecer un
mayor control de la ciudadanía sobre los actos
de gobierno, los abusos y los eventuales delitos que se
cometan desde el poder.
Desde
que se conoció esta denuncia, Adepa ha puesto de
manifiesto que no deben confundirse las conductas o los
antecedentes que posean eventuales fuentes de información
periodística, con el trabajo que hacen los profesionales
de prensa para llevar esa información a la luz
pública.
Cualquier
intención de identificar ambas figuras debe ser
de interpretación extremadamente restrictiva, ya
que conduciría a una autocensura inaceptable a
la hora de informar sobre asuntos de interés público.
Existen sobradas muestras, en la evolución del
periodismo político y de investigación,
de hallazgos relevantes para la sociedad basados en fuentes
con eventuales antecedentes reprochables.
Otro
de los aspectos que se pone en juego con la medida judicial
es uno de los principios básicos del derecho a
la información: el secreto de las fuentes periodísticas.
Se trata de otra de las garantías que la Constitución
le otorga a medios y periodistas para favorecer, por ejemplo,
la investigación de la corrupción. La difusión
indiscriminada de mensajes privados, muchos de ellos sin
interés específico o al solo efecto de intentar
mostrar un vínculo que Santoro no negó,
debilita el valor de esta herramienta esencial para la
transparencia en los regímenes democráticos.
Adepa
confía en que este proceso judicial concluya siguiendo
la buena doctrina de amplísima protección
a la libertad de prensa. Lo contrario, sentaría
un grave precedente en democracia. Ésta necesita
que todas las instituciones se fortalezcan. Una libertad
de prensa debilitada puede constituir el primer paso en
el peligroso camino del debilitamiento del sistema democrático
y republicano de gobierno.
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